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Manifiesto Fundacional de la Liga Anticorrupción



España vive instalada en una situación generalizada de corrupción y despilfarro del dinero público que afecta ya a todas las instituciones del Estado. Esta situación tiene su sustento en la desaparición del sentido del servicio público en la clase política española, con especial profundización en los últimos veinte años.

Los políticos deben sus cargos a los partidos que son quienes les sitúan en los puestos de salida de las listas electorales y no a los ciudadanos.

Por su parte los partidos han creado enormes redes clientelares a través de las que se financian y obtienen importantes apoyos electorales tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Esa dependencia mutua, ha generado una necesidad intrínseca de financiación constante, que ha contribuido a sobredimensionar un modelo de Estado, que en absoluto es el que se diseñó y pensó durante la Transición. Un modelo que se diseñó para producir una descentralización administrativa, y no para que se tradujera en distintos estamentos de tamaño descomunal y desmesurado como los actuales. El objetivo premeditado de esa sobredimensión a todos los niveles de la administración, pero especialmente gravoso en el campo autonómico y provincial, ha sido la de crear espacios artificiales donde albergar, con el dinero de todos, a correligionarios, amigos y familiares, para que estos a su vez sirvan de efectivo apoyo al partido que les ha designado para ese cargo.

De esta forma España ha pasado a llegar a tener una desmesurada cifra de políticos y personas de confianza nombradas por estos y miles de organismos y empresas sostenidas con fondos públicos de dudosa utilidad o necesidad. Una situación absolutamente insostenible para la economía nacional, que está en la base de la actual crisis económica.

España vive inmersa en una división entre una clase política encapsulada como clase social aparte, y alejada del resto de la ciudadanía. La clase política esta interrelacionada y ramificada entre sí de una punta otra del territorio nacional, incluyendo a todo tipo de familiares, amigos y compañeros de partido o de profesiones y negocios particulares.

España necesita que sean los mejores cerebros quienes dirijan sus destinos y no quienes mejores servicios realizan a cada uno de los partidos. Hombres y mujeres que puedan aportar durante un tiempo limitado a la vida pública, con auténtico sentido de servicio al ciudadano, su sapiencia y saber adquirido en sus respectivas trayectorias profesionales. El servicio público a toda la ciudadanía debe volver a ser un honor, y no una salida profesional o laboral como lo es en estos momentos.

Esa distorsión ha conducido a un despilfarro del dinero de todos los españoles en esa macroestructura, y a una dilapidación de los recursos necesarios para dotar a los ciudadanos de una mayor prosperidad y calidad de vida. Ese desmesurado planteamiento ha generado grandes espacios de opacidad, donde las cuentas públicas escapan al control de la ciudadanía, y esa falta de control posibilita la existencia de la corrupción.

La reciente Ley de Transparencia, ha sido un intento fallido de poner orden en esa grave situación, al dejar cerca del 50% del total del presupuesto fuera de su aplicación, lo que ha cercenado la posibilidad de conocer sus cuentas y ha generado un fuerte debate entre ciudadanos y en medios de comunicación. Es imprescindible que España, para poder afrontar el futuro con solvencia, elimine todos los espacios de opacidad, y que todos los ciudadanos podamos conocer y fiscalizar de forma eficaz el destino de todo el dinero público como mejor medio para poder evaluar la acción de nuestros dirigentes. Con opacidad existe corrupción. Con una auténtica transparencia hay un buen uso del dinero de todos.

Tampoco debe dejarse de lado, la forma en que están constituidos o elegidos los miembros de los órganos que deberían fiscalizar y controlar la acción de las instituciones gobernadas por nuestros políticos. Si esos órganos de control están dominados a su vez por miembros de los propios partidos o que deben su designación a estos, difícilmente tendrán la independencia suficiente como para ejecutar acciones contra esas formaciones o contra miembros de ellas. De ahí que se haga imprescindible comenzar a aplicar los convenios internacionales en materia de corrupción suscritos por España, y comenzar a desarrollar los mecanismos necesarios para la existencia de una acción popular efectiva, así como garantizar la independencia de órganos de control como el Tribunal de Cuentas.

Ante esa situación, un grupo de ciudadanos hemos decidido dar el paso de poner en marcha la Liga Anticorrupción con el objetivo de trabajar para eliminar cualquier acto de corrupción o despilfarro del dinero público en cualquier ámbito. Este no es un problema de uno u otro partido, sino que como hemos analizado, lo es de forma sistémica e intrínsea a la situación descrita. Si añadimos a esa dinámica la existencia de grandes espacios opacos a la opinión pública, y la intervención de la clase política en la toma de decisiones del abanico completo de actividades económicas que se realizan en España, tenemos la situación idónea para la existencia de situaciones que generan corrupción en todas sus modalidades.

Si los ciudadanos permanecemos unidos para erradicar cualquier práctica o beneficio personal de quienes detentan cargos públicos, lograremos acabar con esta lacra que mina nuestra credibilidad y ralentiza cualquier posibilidad de salir de la actual crisis económica y social que padecemos. Esta alta tarea moral, debe ser tarea de todos, y en manos de todos está comenzar a acabar con ella.